La batalla final de la regionalización: Levantar el veto PPD en el Senado

Falta el PPD que demora, condiciona, se resiste. Harboe boicotea abiertamente, Tuma pide más competencias en vialidad y el tema está puesto en el compromiso presidencial, y además, pueden articular un calendario mandatorio por áreas ministeriales que se vean obligadas en años precisos a pactar con las regiones competencias adicionales. Adriana Muñoz y Lagos Weber no pueden envilecerse en el control total de una región que ella misma acusaba de neoclientelismo. Quintana y Girardi deben pasar de la retórica a la proactividad en un momento reconstituyente real y urgente entre el centro y los territorios, incluyendo dos regiones críticas que necesitan mayor autonomía: la Araucanía en su plurinacionalidad y Santiago en un gobierno metropolitano fuerte que supere las brechas de servicios entre su zona oriente y el resto, así como enfrentar la grave crisis ambiental con poderes.


politicosHay que dimensionar lo que es posible en este mayo o no será nada pospuesto para un tiempo futuro que es amenazante: la Presidenta Bachelet quiere honrar la palabra permitiendo la elección de gobernadores regionales  tras 183 años en que el golpe conservador-portaliano centralista autoritario de 1830 sepultó la autonomía de las provincias fundantes de Chile para sepultar la democracia de los pueblos que se practicaba en el conflictivo y fecundo período federal en alianza con los mapuches (el Tratado de Tapihue el 1825 les reconocía potestades territoriales al sur del Bío-Bío). Como 1973 que fue el reflujo de la ola igualitaria, en 1830 se castró el esfuerzo por cumplir el discurso emancipatorio de la Independencia a favor de reforma social, autonomía de la metrópolis española y distribuidor del poder. Se impuso el golpe, el poder de la elite político-económica de Santiago, la clausura de la libertad y de un proyecto de país policèntrico, “emporio de posibilidades” al decir de los rebeldes del Siglo XIX.

El proyecto es dual: notable y con deficiencias. Histórico porque permite la elección de gobernadores y deficiente porque tendrá que esperarse la ley de rentas regionales anunciada por el Gobierno tras lograrse el destrabamiento de la elección para este año y complejo si no dota en transferencias instancias colegiadas de apelación y negociación si se impone en el futuro gobiernos reaccionarios que recentralicen. También falta el paso a mayores recursos municipales a cambio de servicios municipales de mejor nivel garantizados a la comunidad.

Sin embargo, lo que está sobre la mesa es suficiente y cambiará el rostro de Chile para bien. Lo hemos llamado en un estudio el “Modelo Chileno de Flexi-Gobernanza Regional Intergubernamental Incremental” para calificar el proyecto aprobado en el añ 2016 por la Cámara de Diputados y en gestión en el Senado durante el primer semestre del 2017. De este modo, el gobierno de Chile logra proyectar su tradición desconcentradora en los territorios con estatalidad eficiente en servicios básicos universales, con la demanda creciente de mayor policentralidad desde los macro territorios para políticas complejas de competividad, transporte, desarrollo agrícola y social, entre otras, que han sido demandadas por los consejos regionales y articuladas en la en el Informe Final de la Comisión Presidencial para la Descentralización 2014.

El Modelo de Flexi-Gobernanza Regional es un equilibrio de visiones desde su tradición unitaria centralista hacia un unitarismo descentralizado con mayor autonomía decisoria y de gestión macro territorial (los municipios si han gozado de mayor autonomía política y fondos por ley desde 1891), que mantiene una fuerte presencia de los ministerios nacionales a través de sus servicios, pero a su vez dota a los gobiernos regionales de divisiones nuevas para la generación de políticas regionales, el diálogo proactivo con los municipios que demandan hacia el FNDR y a su vez con las agencias nacionales que tienen fondos y ejecutan o co-ejecutan (intergubenamentalidad). Al respecto, se cumplirán cuatro décadas de un proceso que comenzó con el FNDR en 1980 y luego en democracia implico un rol directivo de los consejos regionales elegidos por asambleas provinciales  de concejales municipales desde 1992, el rol regional aprobatorio de planes de ordenamiento territorial y evaluaciones ambientales de macro proyectos,  junto a una serie de instrumentos de políticas que pasaron de las consultas a convenios formales plurianuales con los COREs como espacio articulador con los municipios y los ministerios nacionales: desde los ISAR (Inversión sectorial de asignación regional) a los convenios de programación, así como mayor autonomía regional para pactar fondos locales con los municipios (IRAL y hoy FRIL) y explorar políticas en otros ámbitos más allá de la infraestructura social, como han sido los convenios con universidades, el 2% para proyectos en el área socio-cultural y seguridad ciudadana, los programas y proyectos de fomento como Innova BíoBío desde el 2000 y los Fondos de Innovación para la Competitividad (FIC). Todo lo anterior se proyectará como intergubernamental legalizada en el presupuesto nacional con sus propios presupuestos nacionales en los “contrato Región-País”.

Dicha incrementalidad en el tiempo está asegurado por el proceso agregativo que el Gobierno asegura tanto el proyecto como en el protocolo de acuerdo preparado por SUBDERE y SEGPRES presentado a los distintos grupos parlamentarios el  17 de octubre del año 2016 titulado “Competencias de los gobiernos regionales: Proceso Gradual y Progresivo de Transferencia de Competencias”. En dicho documento se establece un escenario de 110 competencias regionales hacia el año 2022 considerando con claridad las competencias vigentes (23), las nuevas competencias aseguradas en el proyecto de ley (54) y las competencias a ser trasladas por oficio en el período 2017-2022 (33), muchas de las cuales están en procesos de pilotajes en diversas regiones (transporte, metropolitanas, fomento, social). En el listado se incluyen las más probables competencias que pedirán la mayoría de las regiones vinculadas a CORFO/SERCOTEC en Economía, el FOSIS en el área social, INDAP en Agricultura, así como SERVIU y otras vinculadas a infraestructura de los Ministerios de Vivienda y Obras Públicas, junto a roles actuales de SECTRA en el caso el Ministerio de Transporte.

El modelo de flexigobernanza intergubernamental (articulación agencias centrales con entes subnacionales, en este caso regiones y municipios) existen en otros países en desarrollo y desarrollados de tradición unitaria en sus gobiernos meso, metropolitanos o regionales (Francia, Holanda, Inglaterra, Uruguay, Costa Rica, entre otros).

En el caso chileno lo denominamos flexigobernanza al connotar que cada gobierno regional pedirá nuevas competencias según su realidad y en forma gradual incrementar con evaluación (puede perder una competencia si lo hace mal).

De este modo se configura un modelo que tiene como fundamentos:

  • La valoración por la tradición unitaria centralista con desconcentración regional hacia niveles de mayor autonomía e iniciativa regional en articulación con planes y agencias nacionales.
  • La profundización de instrumentos que obligan al diálogo y la articulación de agencias centrales con regiones y municipios.
  • El sentido de eficacia/eficiencia para cofinanciar y concurrir a proyectos mayores, incluyendo tanto la escala metropolitana como el desarrollo rural.
  • La evolución hacia la preponderancia regional de gestión de competencia complejas como el desarrollo económico competitivo, desarrollo social, transporte y movilidad, planificación territorial integral (PROT).

La hora del Senado, la coherencia y que el PPD retome su raíz democratista

Lo anterior es la forma construida desde la protesta regional que tradujo en agenda compartida y en factibilidad política con desafíos que se profundizarán en el nuevo congreso que tendrá, sin duda alguna, avances con la mayor preponderancia de segmentos abiertos de las dos coaliciones y la emergencia de fuerzas nuevas como el Frente Amplio, la centro derecha liberal (en que destaca Amplitud), la Federación Regionalista Verde y el Partido País.

No hay excusas. La Cámara ya aprobó el traspaso de competencias por amplia mayoría y sin duda respaldará la ley orgánica que por una vez permitirá mayor flexibilidad para que autoridades y parlamentarios puedan renunciar hasta cien días antes de la elección homologando a las facilidades de los senadores. La Batalla crucial es el Senado donde los independientes han sido los promotores fieles (Horwarth, Guillier, Lily Pérez, Bianchi, Araya), la mayoría del PS ha cumplido el programa de su Presidenta con el testimonio incansable de Rabindranath Quinteros, aunque con la resistencia de Montes y las insólitas dudas sin alternativas de Durresti. La DC con el empuje de Carolina Goic ha cumplido el documento que firmó el 2011 con RN a favor de la elección de Intendentes y el avance hacia el semi presidencialismo, con Andrés Zaldívar como un sincero baluarte con canas y sabiduría. De RN se cuenta con la lucidez de Francisco Chahuán y los votos de García Ruminot y Ossandón a opesar de las críticas legítimas a las tareas pendientes. Se sabe que la UDI es reactiva y no explicita su propuesta, de hecho nada traspasaron a los GOREs en el Gobierno de Piñera y el proyecto de ley orgánica ratifica las potestades de ejecutivo regional en el gobernador electo (la preocupación en Ena von Baer) en vez del delegado presidencial que tendrá roles acotados de coordinación de los servicios públicos y seremías.

Falta el PPD que demora, condiciona, se resiste. Harboe boicotea abiertamente, Tuma pide más competencias en vialidad y el tema está puesto en el compromiso presidencial, y además, pueden  articular un calendario mandatorio por áreas ministeriales que se vean obligadas en años precisos a pactar con las regiones competencias adicionales. Adriana Muñoz y Lagos Weber  no pueden envilecerse en el control total de una región que ella misma acusaba de neoclientelismo. Quintana y Girardi deben pasar de la retórica a la proactividad en un momento reconstituyente real y urgente entre el centro y los territorios, incluyendo dos regiones críticas que necesitan mayor autonomía: la Araucanía en su plurinacionalidad y Santiago en un gobierno metropolitano fuerte que supere las brechas de servicios entre su zona oriente y el resto, así como enfrentar la grave crisis ambiental con poderes.

El PPD, en un documento que en 1995 escribimos por encargo de Pepe Auth, debe superar su centrismo con agendas banales sin concentración en reformas estructurales, dejar lo mediático marketero y el sino de partido de funcionarios, para cumplir sus valores, sus acuerdos de congreso, el clamor de sus propios regionales como lo escuchamos el 2014 en Talca.

La democracia de los pueblos tiene su hora. Chile en la OCDE está rezagado en cinco áreas ocupando los últimos lugares con México y Turquía: inequidad, baja carga tributaria, centralización, educación mediana baja en calidad y problemas ambientales en sus Menos seminarios de futuro y poder de agencias exclusivas estatales. El PPD nació para la democracia. Tienen la palabra en este mayo histórico en el Senado.

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Fuente El Mostrador

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