Mejores empleos y viviendas reducen brecha de calidad de vida entre comunas del país

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Estudio de la UC y la Cámara Chilena de la Construcción detectó una caída de 10 puntos en la última década:

Con nuevos planes de integración se busca combatir la segregación que se genera dentro de las ciudades.

La minería, principal actividad económica del país, se convirtió en el motor de Antofagasta. Por su auge, la ciudad impulsó nuevos servicios y tuvo más recursos para colegios, consultorios, e incluso entretención.

La intendenta (s) de la II Región, Claudia Meneses, destaca que hoy en la ciudad el sueldo promedio del grupo más pobre llega a $250 mil, superando por lejos al mismo grupo en el resto del país ($180 mil). Así, Antofagasta se ubica como el área metropolitana con mejor calidad de vida en 2013, según un estudio de la UC junto a la Cámara Chilena de la Construcción.

El análisis revisó los indicadores de comercio, pobreza, educación, salud y áreas verdes en 93 comunas con más de 50 mil habitantes y detectó que Vitacura es la que tiene los mejores niveles comunales, mientras que La Pintana los peores.

Y pese a que las diferencias entre ambas comunas siguen siendo importantes, los investigadores detectaron que la brecha se ha reducido, tal como ocurre en el resto del país.

Las mejores condiciones de empleo, vivienda y entorno son los principales factores que explican la disminución de 10 puntos respecto de los desiguales niveles que había en 2002.

Arturo Orellana, coordinador del equipo que realizó el análisis, dice que ciudades intermedias -como Calama y Talca- tienen las menores diferencias, mientras que en las metrópolis se acentuaron las brechas sociales y culturales. Esto ocurre, según él, porque en varias urbes el aumento de empleos flexibles o con exigencias nuevas alteró la forma en que sus vecinos cultivaban sus relaciones personales.

En el caso de la capital, solo dos comunas, Vitacura y Las Condes, tienen una calidad de vida “muy alta”. Diez, en cambio, viven con los peores niveles y sufren problemas de conectividad, falta de oportunidades e instalaciones.

Así, los habitantes de Lo Espejo, Cerro Navia y El Bosque tienen que salir a diario de su comuna para trabajar, estudiar y hasta entretenerse. Y pese a los esfuerzos de los municipios, los recursos se hacen pocos, y generalmente alcanzan apenas para pagar los servicios básicos.

“Estas comunas dependen muchísimo del gobierno central o del regional, pero en Chile los gobiernos regionales no tienen tantos recursos. Por lo tanto, vuelve la discusión sobre si las ciudades que estamos construyendo tienen una institucionalidad adecuada para las necesidades que están teniendo. Eso no existe”, dice Arellano.

En esa línea, el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, destaca programas que buscan apoyar a los sectores más rezagados, como el de mejoramiento de barrios, que permite contratar profesionales que asesoran a los municipios y que, desde 2010, ha invertido $9.500 millones a lo largo del país. A esto se suman más de $160 mil millones que se han destinado a mejoramiento de barrios y otros $3 mil millones con que se capacita a funcionarios municipales.

El ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, asegura que los cambios en los subsidios permitirán que cada vez más comunidades puedan mejorar la calidad y ubicación de sus hogares, ya que al poder postular a beneficios sin necesidad de tener un proyecto específico, “han aparecido postulaciones en 80 comunas donde antes no había”, lo que permitirá que nuevos sectores reciban ayudas.

Nueva política de desarrollo urbano define 5 ejes clave

1 Nuevas autoridades territoriales

Además de alcaldes e intendentes, plantea crear una autoridad metropolitana (elegida democráticamente) que coordine a las comunas de una misma ciudad. A nivel nacional, estos temas los vería el Ministerio de Ciudades, Vivienda y Desarrollo Territorial. “Trabajarían con un sistema de planificación integrado e instrumentos que no solo ordenen las construcciones y usos de suelo, sino también transporte, servicios y elementos paisajísticos”, explica la presidenta de la comisión, Antonia Lehman. Piden también participación ciudadana institucionalizada proactiva, con financiamiento y mirada técnica.

2 Incentivos para promover la integración social

Los expertos proponen crear zonas prioritarias de inversión pública, donde se mezclen viviendas de distintos precios, que serían objeto de incentivos o subsidios especiales. También solicitan apoyo estatal para las comunidades que no pueden mantener apropiadamente sus espacios comunes y que las viviendas sociales estén en sectores con buena infraestructura. “Hay iniciativas en curso que van en la línea de esta política, como el programa de recuperación de blocks, pero es necesario tener una política nacional explícita”, dice el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez.

3 Las ciudades como polos de inversión

La comisión está de acuerdo con promover usos de suelo mixto, es decir, aquel que permite que convivan el comercio con ofertas de trabajo y viviendas. Propone también dar incentivos a proyectos privados en comunas “deprimidas o rezagadas”. Así como hay incentivos, también se pide obligar a los inversionistas públicos y privados a hacerse cargo de las externalidades negativas de sus proyectos. En las áreas metropolitanas, la política propone la creación de subcentros que acerquen los servicios a los lugares más habitados.

4 Fomento al desarrollo sustentable

Valorar el paisaje y las condiciones naturales de los territorios donde están emplazados los centros urbanos es clave. Para ello, la comisión propone que los nuevos proyectos consideren las actividades económicas de cada localidad y que se ajusten a sus particularidades y escala.

Las construcciones sustentables y el fomento de energías limpias son parte de los requerimientos de los expertos, quienes también creen necesaria la creación de “zonas urbanas de tráfico calmado”, dice el documento. Es decir, espacios públicos que sirvan “para caminar, conversar y sentarse a mirar”.

5 Salvaguardar los lugares con valor patrimonial

Para que no ocurran aberraciones urbanísticas, con construcciones que parecen estar fuera de lugar, la comisión propone velar por la coherencia entre las obras y el sector en el cual se emplazan, pero no solo con el terreno inmediato, sino con todo el barrio. Se pide también tomar en cuenta las características de los habitantes.

Cuando se atente contra el resguardo del patrimonio, se pide establecer sanciones. Las reglas para no atentar contra zonas patrimoniales, indican los expertos, deberían estar plasmadas en los planos reguladores.

Por M. Toro, N. Cabello y M. Rojas, El Mercurio.

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